Plaza San Martín

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró ‘inviable‘ la solicitud de permiso remitida por la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para utilizar la céntrica Plaza San Martín el próximo cinco de abril en el marco de la celebración de la “Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia”, un evento cuyo objetivo es mostrar el rechazo de una parte de la población ante la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, en conmemoración de la disolución del Congreso y el ‘autogolpe’ ejercido por su padre -el ex presidente Alberto Fujimori– un cinco de abril de 1992.

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Según la comuna capitalina -a través de una misiva firmada por Edgar Santa Cruz Arana, Gerente del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima– la realización del evento en la Plaza “no es viable” debido a que, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, “priman, la seguridad y el interés general como condiciones para el mantenimiento del bien común (…) las necesidades de la población afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares o partidarias y orientan el empleo selectivo de los medios disponibles”.

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Lo curioso del caso es que dos candidatos a la presidencia sí han recibido el visto bueno del municipio que encabeza el alcalde Luis Castañeda Lossio para realizar mítines por el cierre de sus respectivas campañas. Y es que, tal como informó Liz Alata Ramos, Jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) se ha dado garantías para que los partidos Peruanos Por el Kambio (PPK) y Alianza Para el Progreso (APP) realicen sus cierres de campaña en la Plaza San Martín los días 6 y 7 de abril, respectivamente.

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“Resulta incoherente que la Municipalidad de Lima nos impida el uso de la Plaza San Martín cuando al día siguiente de nuestro evento se realizará el mitin de cierre de campaña de PPK en el mismo lugar”, denunció el Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, que anunció -además- que la organización ha elevado una demanda constitucional contra la MML por violentar los derechos de reunión, libertad ambulatoria y participación política a la espera de que un juez anule la resolución municipal y permita que la “Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia” se realice sin problemas en la solicitada plaza.

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